Una niña pequeña en el gueto de Aung Mingalar en Sittwe, en el estado Rakáin, en Birmania. Crédito: Sara Perria/IPS.

Por Sara Perria
RANGÚN/LONDRES, Aug 30 2016 (IPS)

El gobierno de Birmania respondió a las presiones de la comunidad internacional para que resolviera la tensión y la persecución que sufren los musulmanes rohinyá en el occidental estado Rakáin creando una comisión asesora encabezada por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Esa región fronteriza con Bangladesh concentró la atención de Occidente y de algunas agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) desde 2002, cuando estallaron los enfrentamientos entre la comunidad budista y esa minoría musulmana."Es bueno que participe Kofi Annan (...), pero existe el riesgo de que sea una fachada para que la LND gane tiempo y evite las críticas internacionales”: Chris Lewa.

La violencia, en la que, según observadores de derechos humanos, participaron monjes extremistas, dejó 200 personas muertas, la mayoría musulmanes.

Desde entonces, unos 100.000 rohinyás musulmanes residen en campamentos para personas desplazadas y en guetos. Pero las posibilidades de educación y de empleo, así como los servicios médicos son tan precarios que miles de ellos se han embarcado en una travesía riesgosa hacia los países del sudoeste asiático, de la mano de traficantes de personas.

“El gobierno de Myanmar (nombre dado a este país por la junta militar) quiere encontrar una solución sostenible para este complicado asunto en el estado de Rakáin, por eso formó una comisión asesora”, explicó la oficina de Aung San Suu Kyi, en un comunicado al anunciar la designación de Annan el 24 de agosto.

La premio Nobel de la Paz, quien obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de noviembre de 2015 y asumió el gobierno hace cinco meses, aunque todavía lo comparte con los militares, ha sido criticada desde el exterior por su renuencia a hacer frente a este asunto. Otro galardonado como el Dalai Lama, fue una de las figuras internacionales que más la cuestionaron el año pasado.

Las tumbas de las personas asesinadas en 2012 tras los enfrentamientos entre la comunidad budista y la minoría musulmana de Birmania. Crédito: Sara Perria/IPS.

Aun cuando era líder de la oposición durante el anterior gobierno militar, Suu Kyi fue acusada de no hablar en defensa de los 1,1 millón de rohinyás, a pesar de su estatus de gran defensora de los derechos humanos, tras 15 años de detención domiciliaria.

Pero en reiteradas ocasiones pidió una solución rápida y transparente para la falta de estatus legal de la minoría musulmana, que se prolonga desde 1982, cuando la junta militar bajo Ne Win les retiró derechos.

La Liga Nacional para la Democracia (LND) evita utilizar el término rohinyá, pues genera controversia debido a disputas históricas y enfada a los dirigentes nacionalistas, el grupo mayoritario en el parlamento de Rakáin.

De hecho, el gobierno recomendó en mayo a las embajadas extranjeras, incluida la de Estados Unidos, que no usaran el término.

Y en una reunión con el secretario de Estado (canciller) estadounidense John Kerry, Sii Kyi dijo que también evitaría usar “bengalí”, como los llaman los militares, pero ellos rechazan porque los identifica como inmigrantes ilegales del vecino Bangladesh, y no como los residentes de larga data que son.

Por su parte, un comunicado de la Fundación Kofi Annan, con sede en Ginebra, decidió que tampoco usaría el término rohinyá.

La comisión asesora, con la asistencia de la Fundación Kofi Annan, “iniciará el diálogo con los líderes políticos y comunitarios de Rakáin con el fin de proponer medidas para mejorar el bienestar de los habitantes del estado”, reza el comunicado.

Adolescentes limpian una zanja antes de la estación lluviosa en el gueto musulmán de Aung Mingalar en Sittwe, en el estado de Rakáin, en Birmania. Crédito: Sara Perria/IPS.

Entre los temas que se discutirán hay “cuestiones humanitarias y de desarrollo, acceso a servicios básicos, garantías de derechos básicos y la seguridad del pueblo de Rakáin”, detalla. Las recomendaciones y el informe final se entregarán el año que viene directamente al gobierno de Birmania.

La comisión, que se reunirá por primera vez en septiembre, también incluye al exasesor de la ONU, Ghassan Salamé, la diplomática holandesa Laetitia van den Assum, y representantes de la Sociedad de la Cruz Roja de Birmania y organizaciones religiosas y de derechos humanos.

Pero a muchas personas les molesta la participación de extranjeros, como lo expresaron autoridades del Partido Nacional Arakán.

“No podemos aceptar esos hechos solo después de que los asuntos internos se convirtieran en uno internacional”, señaló el diario Eleven Myanmar.

Algunas organizaciones de budistas extremistas, como 969, un movimiento encabezado por Ashin Wirathu, un destacado monje de Mandalay, y la nacionalista Ma Ba Tha, Organización para la Protección de la Raza y la Religión, criticaron con dureza la iniciativa de la comisión y la influencia extranjera, así como denunciaron que el Islam se adentra en este país, un riesgo para la mayoría de Rakáin.

Los mensajes nacionalistas resonaron en Birmania, donde 90 por ciento de la población es budista. Los musulmanes, quienes tienen varios orígenes étnicos, no son solo rohinyás, sino que constituyen alrededor de una tercera parte de los tres millones de habitantes de Rakáin, uno de los estados más pobres de este país.

Uno de los mayores desafíos para la comisión será encontrar un equilibrio entre la urgencia de encontrar una solución para la desesperada situación de los rohinyás y mejorar las condiciones de vida para toda la población de Rakáin.

La concentración de la ayuda humanitaria en la década de los años 90 en las áreas musulmanas de Rakáin ha dado la impresión de que hay un desequilibrio en la asistencia en perjuicio de la población local, según Gabrielle Aron, quien redactó un informe al respecto para CDA Collaborative Learning Projects.

Uno de los asuntos más difíciles que deberá resolver el gobierno es la cuestión de otorgar a los rohinyás derechos como ciudadanos sin chocar con los nacionalistas budistas. Mientras, los militares, que se erigen como protectores de la identidad budista, siguen llamándolos bengalíes.

Chris Lewa, directora del Arakan Project, recordó: “Ya hubo informes con ‘recomendaciones’. Ahora lo que se necesita son acciones e implementar lo que ya se recomendó en términos de libertad de desplazamiento y de acceso a la salud, por ejemplo.”

También criticó la extensión del mandato de la comisión que, por otra parte, no está claro.

“Me preocupa que la comisión no sea significativa. Es bueno que participe Kofi Annan para elevar el perfil del mandato, pero existe el riesgo de que sea una fachada para que la LND gane tiempo y evite las críticas internacionales”, apuntó.

Mientras, la situación en Rakáin y en los campamentos no ha cambiado mucho desde que la LND llegó al gobierno. Las condiciones siguen siendo miserables, con las casas de bambú desmoronándose.

Y lo que es más importante, la cuestión clave es que no se atiende la cuestión de la libertad de desplazamiento para que puedan acceder a los servicios de salud. “El gobierno central tiene que encontrar la forma y obligar a Rakáin a aceptar a los rohinyás”, subrayó.

De todas maneras, Lewa destacó que el rechazo del gobierno de Suu Kyi a utilizar el término “bengalí” para referirse a los rohinyás es un pequeño elemento positivo.

Por su parte, Tun Khin, presidente de la Organización de los Rohingyás Birmanos de Gran Bretaña, se lamentó de la falta de representación de esta comunidad en la comisión de Annan.

“Queremos saber cómo van a a consultar a la comunidad rohinyá. También nos preocupa cómo actuará el gobierno tras recibir las recomendaciones (el año que viene). La gente no puede esperar por la comida”, añadió.

Traducido por Verónica Firme